Chihuahua, Chihuahua. - La entidad se encuentra en el vergonzoso top ten de denuncias por delitos atribuibles a sus servidores públicos, destacando la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSPE) como las instituciones más cuestionadas. Ambas están bajo la dirección de César Jáuregui y Gilberto Loya, quienes se perfilan como aspirantes a cargos de elección popular.
El informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos reporta que la FGE ha acumulado 250 quejas, posicionándose en primer lugar en el estado. La SSPE le sigue con 46 quejas, sumando otras 46 del Sistema Penitenciario Estatal, áreas que prometen seguridad y orden y que, sin embargo, están marcadas por irregularidades visibles en su funcionamiento.
La situación global en Chihuahua es alarmante, con 992 quejas locales y 99 federales. Este levantamiento de voces indica no solo fallas sistemáticas en los servicios públicos, sino también un aumento de la percepción de corrupción y abuso de autoridad. Esta combinación de quejas y la constante promesa de justicia de los funcionarios resaltan una falta de concordancia en el discurso político.
Chihuahua está al frente en denuncias a nivel nacional, con 565 quejas durante el actual sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Las cifras indican que el número de denuncias ha superado los 500 en poco más de un año, sin considerar los casos previos a este periodo. En 2025, se prevé que las denuncias a nivel nacional superen las 19,000, lo cual es alarmante y refleja una tendencia crítica respecto al abuso en las instituciones públicas.
La Plataforma Centinela, destinada a mejorar la seguridad, ha mostrado sus limitaciones cuando, recientemente, sicarios se desplazaron libremente tras un enfrentamiento armado, evidenciando la incapacidad del sistema para detenerles. La impotencia de las autoridades queda en evidencia mientras el problema de la violencia y la corrupción se agrava en la región.
