Veracruz, Veracruz. - El megaproyecto Gasoducto Puerta del Sureste, que conectará gas natural desde Texas hasta Yucatán, se enfrenta a amparos interpuestos por pescadores y comunidades indígenas que denuncian la falta de consulta previa y omisiones en la regulación ambiental.
Estos pobladores han presentado acciones legales alertando sobre el avance de la construcción sin los mecanismos de información obligatorios. Nora Cabrera, directora de la organización Nuestro Futuro A.C., enfatizó que la obra se gestionó sin el adecuado proceso informativo, privando a los afectados de su derecho a decidir sobre el uso de su territorio.
Más de 70 mil personas que dependen de la pesca en la región temen por su futuro. La traza del gasoducto representa una amenaza para los ecosistemas arrecifales, esenciales para la reproducción de especies marinas que enfrentan un colapso. Cabrera también expresó su preocupación por el asesoramiento que recibe la Presidenta de México sobre el impacto de proyectos como este.
El gasoducto, promovido por la empresa canadiense TC Energy, ha recibido críticas no solo por los riesgos de accidentes, como los recientes incidentes en plataformas cercanas, sino también por sus consecuencias a largo plazo. La infraestructura atravesará zonas de alta biodiversidad marina que ya están en riesgo de perder su capacidad de recuperación natural y contribuirá al aumento de emisiones de gases de efecto invernadero, perpetuando la dependencia de combustibles fósiles por al menos 40 años.
Frente a esta problemática, organizaciones civiles y habitantes locales buscan frenar la construcción del gasoducto y proponen la creación y expansión de un Área Natural Protegida (ANP). Esta iniciativa tiene como objetivo proteger los arrecifes veracruzanos y asegurar que cualquier proyecto futuro respete el derecho de las comunidades locales a ser consultadas.
