Santa Fe, Argentina. - La reciente crisis en la Policía de Santa Fe ha puesto de manifiesto serias preocupaciones sobre salarios y condiciones laborales. Policías autoconvocados, agobiados por bajos ingresos y problemas de salud mental, han organizado protestas en varias ciudades de la provincia.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, presentó una nueva escala salarial en una conferencia de prensa, expresando su indignación ante las acusaciones de no apoyar a la fuerza policial. Destacó la importancia de la policía en la reducción de la violencia en Rosario pero enfrentó reclamos por parte de los oficiales sobre condiciones laborales inadecuadas.
Los protestantes mencionaron la fragmentación dentro de la fuerza y la falta de atención a necesidades críticas como la salud mental, además de las dificultades económicas. Enrique Font, criminólogo de la Universidad Nacional de Rosario, subrayó que el discurso del gobierno en apoyo a la policía no se tradujo en mejoras tangibles en su profesionalización y condiciones de trabajo.
Los problemas de salud mental entre los policías son alarmantes. En diciembre, un suboficial, Oscar Valdez, intentó suicidarse en la Jefatura de Policía, y este es solo uno de los tres casos recientes en Rosario. El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, reveló que 560 policías están recibiendo tratamiento psicológico, lo que evidencia la presión que enfrentan los agentes.
Las manifestaciones de los policías incluyeron bloqueos y asambleas, desafiando la autoridad tanto política como jerárquica. Gabriel Sarla, abogado y vocero designado de los manifestantes, destacó la falta de comunicación entre el gobierno y la fuerza. La situación culminó cuando los protestantes bloquearon la Jefatura de Policía, afectando las operaciones y mostrando la grave fractura en la relación entre la fuerza y sus líderes.
El acuerdo informal que buscó desactivar el conflicto se concretó con un decreto que promueve garantías para los miembros de la Policía. Sin embargo, se anticipan más desafíos en la relación entre el gobierno provincial y las fuerzas de seguridad.
