Buenos Aires, Argentina. - Defensores públicos de menores de todo el país expresaron su firme rechazo al proyecto del Gobierno que propone reducir la edad de punibilidad en el Régimen Penal Juvenil. En un comunicado, argumentaron que esta medida es perjudicial y podría agravar problemas sociales existentes.
La iniciativa, presentada recientemente en el Congreso, ha generado un intenso debate político. Organismos como el Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y la Asociación Civil de la Defensa Pública hicieron hincapié en que el Estado tiene obligaciones específicas en cuanto a la protección de los derechos de los niños, en línea con la Convención sobre los Derechos del Niño.
Desde la defensa pública, se sostuvo que la privación de libertad debe ser una medida última y temporal. Se citó a la Corte Suprema de Justicia, que en el caso “Mendoza” reconoció estándares internacionales sobre la responsabilidad penal juvenil, subrayando que castigar a adolescentes no resuelve los problemas de inseguridad.
El efecto del encarcelamiento temprano en menores es un tema de gran preocupación. Estudios han demostrado que el encarcelamiento puede tener consecuencias graves en el desarrollo emocional y social de los jóvenes. Los defensores enfatizan que esta propuesta no resolvería la inseguridad, sino que podría intensificar la exclusión y la violencia.
Las estadísticas también respaldan su posición: casi el 90% de los delitos cometidos por adolescentes se concentran en solo cuatro jurisdicciones del país, siendo la mayoría delitos menores. Con un índice de homicidios relativamente bajo en comparación con otros países de la región, los defensores piden un debate basado en evidencia que contemple no solo la justicia punitiva, sino la inclusión social y la salud mental.
