Chilapa, Guerrero. - Mil indígenas nahuas de Tula, Acahuetlán y Xicotlán han sido desplazados de forma forzada debido a los ataques del grupo narcoparamilitar Los Ardillos. Las agresiones incluyen incendios de viviendas y asesinatos, lo que ha llevado a la comunidad a buscar refugio con lo puesto.
Los ataques comenzaron a principios de mayo, intensificándose con el uso de drones y el sacrificio de animales de crianza. Organizaciones de derechos humanos y comunidades indígenas han denunciado la inacción de las autoridades, señalando que el Ejército ha estado presente sin actuar de manera efectiva, limitándose a documentar los eventos en lugar de prevención.
La disputa territorial entre Los Ardillos y el Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) ha agudizado la violencia en la región. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, atribuyó los actos de violencia al Cipog-EZ y otros grupos, aunque este último rechazó ser etiquetado como criminal. Análisis de la situación histórica indican que Los Ardillos han mantenido el control del municipio durante décadas.
La Secretaría de Gobernación, en coordinación con el Gobierno de Guerrero, ha comenzado a establecer medidas para la recuperación de la seguridad en la zona. Se han implementado compromisos para crear un corredor humanitario y facilitar el acceso a alimentos y atención médica, a la vez que se planea un diálogo entre las comunidades y las autoridades estatales y federales.
El Cipog-EZ y la Coordinadora Regional de la Policía Comunitaria-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) exigen justicia y rastreo de desaparecidos. Piden que el Gobierno reconozca la crisis de derechos humanos que afecta a la región, buscando la identificación de culpables y deteniendo la violencia. Una caravana de ayuda humanitaria se ha activado para asistir a los desplazados, llevando alimentos y ropa para aquellos que abandonaron sus hogares en condiciones de emergencia.
