Ciudad de México, México. - En 2027 se llevarán a cabo elecciones judiciales junto con las federales, lo que plantea dilemas logísticos y de participación. Aunque la idea de una votación simultánea suena conveniente, puede generar confusiones y complicaciones significativas.
Las elecciones judiciales están programadas para celebrarse junto con la renovación de la Cámara de Diputadas y Diputados y 17 gubernaturas. En total, 30 entidades tendrán que organizar elecciones para sus ayuntamientos y congresos locales, lo que requiere un despliegue logístico masivo, incluyendo la instalación de más de 350 mil casillas en todo el país.
La división en el proceso electoral complicará la operación para el Instituto Nacional Electoral (INE), que deberá preparar sistemas informáticos separados para las votaciones, dado que los partidos políticos no participarán en las elecciones judiciales. Esta situación puede aumentar significativamente los costos operativos y la necesidad de contratación de personal.
La posibilidad de casillas diferenciadas podría desincentivar la participación ciudadana, ya que los votantes podrían optar por votar solo en uno de los dos procesos. Esto puede resultar en una considerable reducción en la asistencia a las urnas, como ya sucedió en elecciones judiciales previas donde solo el 13% de la población votó. La saturación de campañas también podría causar confusión entre los electores.
Es fundamental que el Legislativo considere ajustar la fecha de las elecciones judiciales. Esto permitiría a la ciudadanía distinguir claramente entre los diferentes procesos electorales y emitir su voto de manera informada y consciente.
El Legislativo tiene la última palabra.
