Tequila, Jalisco. - La Fiscalía General de la República (FGR) investiga un esquema sistemático de extorsión liderado por el alcalde Diego Rivera Navarro, donde se exigían pagos a comerciantes y empresas tequileras. Las cuotas iban de montos simbólicos para vendedores ambulantes hasta 60 millones de pesos para grandes corporativos.
Desde la llegada de Rivera Navarro al cargo, comerciantes, guías turísticos y empresarios enfrentaron presiones para pagar “derecho de piso” bajo amenaza de clausuras y agresiones. Testimonios de involucrados evidencian un patrón de coerción y cobros arbitrarios, respaldados por la FGR con información del Ministerio Público federal.
Los documentos de la investigación resaltan cómo funcionarios municipales operaban estas extorsiones, actuando bajo instrucciones directas del alcalde. En una grabación, el jefe de padrón de licencias ordenó incrementar las tarifas turísticas sin posibilidad de negociación, mostrando un control absoluto sobre los cobros.
La violencia fue una herramienta utilizada para mantener el control. Vendedores que se negaban a pagar reportaron ser amenazados y agredidos físicamente. Este entorno coercitivo fue sustentado por la connivencia entre funcionarios y la policía local, creando un clima de miedo que perpetuó el esquema de extorsión.
La investigación también alcanzó a la empresa tequilera José Cuervo, que denunció un intento de extorsión por 60 millones de pesos para evitar sanciones. La FGR detalla que se emplearon amenazas directas y procedimientos ilegales para ejercer presión sobre los comerciantes y empresarios, reflejando un grave abuso de poder en el municipio.
