Chetumal, Quintana Roo. - Una familia en Chetumal logró reconectar su suministro de energía eléctrica después de un presunto intento de extorsión por parte de un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y una multa impuesta de 153 mil pesos. La situación afectó a dos adultos mayores, de 96 y 82 años, quienes necesitaban el servicio para su salud y bienestar.
El problema se hizo evidente en redes sociales, donde la comunidad resalta la vulnerabilidad de los afectados. Tras la denuncia, la organización La Fuerza del Sur contactó a Armando Castán González, representante de la familia, para ofrecer apoyo jurídico y atender el caso. Este apoyo fue esencial para enfrentar las complicaciones legales relacionadas con la suspensión de su suministro de energía eléctrica.
Castán relató que un trabajador de la CFE llegó a realizar un cambio de medidor y, sin previo aviso, cortó el suministro alegando irregularidades en la instalación. El empleado mencionó que los candados de seguridad en el medidor habían sido violados, lo que él consideraba un delito serio. Sin embargo, sugirió que, mediante un pago menor a la multa, podría ayudar a la familia afectada.
La CFE determinó un ajuste en la facturación que resultó en la elevada multa impuesta. Ante la incapacidad de la familia de cubrir ese costo, la suspensión del servicio generó condiciones de precariedad. El abogado Miguel Avilés, de La Fuerza del Sur, promovió acciones legales para proteger los derechos de los adultos mayores, centrándose en su derecho al acceso a servicios esenciales.
La situación se complicó cuando la primera resolución del juzgado no fue favorable, manteniendo la suspensión del servicio. Sin embargo, el equipo legal continuó insistiendo y presentó un recurso que permitió reexaminar el caso. Finalmente, lograron una resolución que ordenó la reconexión inmediata del servicio, restableciendo así las condiciones mínimas necesarias para los adultos mayores.
La Fuerza del Sur enfatiza la relevancia del apoyo jurídico en casos donde familias vulnerables enfrentan situaciones complejas que afectan sus derechos. Además, exhorta a las autoridades a aplicar sanciones con mayor sensibilidad, considerando la realidad de las familias en situaciones de vulnerabilidad.
