Caracas, Venezuela. - Durante semanas, familiares de detenidos han pasado la noche frente a centros penitenciarios en Caracas, exigiendo información sobre los paraderos de sus seres queridos, muchos de ellos presos por razones políticas y sin reconocimiento oficial por parte de las autoridades.
Carolina Carrizo, por ejemplo, recorrió diez horas en autobús desde el occidente del país hasta la capital tras la desaparición de su esposo, Omar Torres, un activista político supuestamente detenido sin orden judicial. Carrizo ha pasado dos semanas durmiendo afuera de la Zona 7, un centro de detención en Caracas, sin ninguna confirmación de que su esposo esté ahí.
Más de una decena de familias han establecido campamentos en las cercanías de la Zona 7, bajo la custodia de policías antidisturbios. Pese a que las autoridades afirman que el lugar está vacío, los familiares creen haber oído gritos provenientes del interior, lo que alimenta sus temores e incertidumbres.
Foro Penal reporta que al menos 66 personas continúan desaparecidas en el país. Cerca de 30 de estos casos involucran arrestos tras la fallida Operación Gedeón en 2020, con detenciones que se han mantenido en el silencio más absoluto desde entonces. La reciente liberación de 154 presos políticos ha generado una nueva ola de esperanza entre los familiares que buscan respuestas para quienes siguen sin registro oficial.
Organizaciones como Amnistía Internacional han señalado que las desapariciones forzadas son una violación grave de derechos humanos y un crimen contra la humanidad. En Venezuela, la ley establece que cualquier arresto debe ser presentado ante un tribunal en un plazo no mayor a 48 horas, una disposición frecuentemente ignorada.
El gobierno venezolano no ha respondido a las solicitudes de comentarios referentes a estas situaciones, dejando a los familiares en un estado de desamparo e incertidumbre ante el destino de sus seres queridos.
