Ciudad de México. - La investigación del asesinato del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar revela que fue ultimado tras denunciar una red de corrupción conocida como "huachicol fiscal". Guerrero, comisionado en aduanas marítimas desde 2021, fue atacado el 8 de noviembre de 2024.
El contralmirante tuvo reuniones clave con dos titulares de la Secretaría de Marina: José Rafael Ojeda Durán y Raymundo Pedro Morales Ángeles. Durante estas reuniones, Guerrero presentó sus hallazgos sobre un esquema que introducía combustible al país de manera fraudulenta, con el objetivo de evadir impuestos y generar ganancias millonarias.
Una grabación de 19 minutos, obtenida por Aristegui Noticias, muestra la preocupación del entonces secretario Ojeda sobre la denuncia. En la reunión, Ojeda solicitó un informe y discutió dos caminos posibles: hacer pública la denuncia o resolver la situación internamente a través de cambios de personal. La carta que documenta las irregularidades fue encontrada después del asesinato de Guerrero.
Posteriormente, Guerrero fue reasignado a la Décima Sexta Región Naval en Puerto Chiapas y solicitó vacaciones en Manzanillo, Colima. Su asesinato, que ocurrió el último día de su licencia, ha llevado a la Fiscalía General de la República (FGR) a vincularlo con investigaciones de corrupción en aduanas. Actualmente, se han emitido órdenes de aprehensión contra 14 personas implicadas en la red.
La Secretaría de Marina ha asegurado que colabora con las autoridades en la investigación y ha separado a cinco elementos vinculados a este caso. Este acontecimiento plantea serias preguntas sobre la seguridad de quienes denuncian corrupción en las instituciones de seguridad en México.
