Villena, Alicante. - El Gobierno de Pedro Sánchez ha postergado la reparación de la balsa de San Diego, convirtiendo la solución en una promesa electoral para 2028. Esta situación limita la llegada de caudales del Júcar a la provincia de Alicante a través del trasvase Júcar-Vinalopó y afecta gravemente la gestión del agua.
Durante 2024, el Ejecutivo afirmó que la obra no era prioritaria, y ahora, dos años más tarde, anuncia su compromiso bajo un horizonte temporal que podría coincidir con la próxima legislatura. La balsa, crucial para almacenar 80 hectómetros cúbicos anuales, es vital para los regadíos alicantinos.
Joaquín Melgarejo, diputado del PP y experto en recursos hídricos, ha destacado la importancia de esta infraestructura, subrayando que la falta de operatividad impide gestionar adecuadamente las aguas desde el Júcar. A su juicio, la respuesta del Gobierno es una maniobra electoral que pretende ganar tiempo y apoyo de los votantes en el ciclo político venidero.
La necesidad de la reparación de la balsa fue reconocida por el Gobierno en febrero de 2026, cuando se informó que los trabajos de actualización comenzarían en ese año, pero su ejecución se trasladó a tiempo electoral. La agricultura en la región se ve perjudicada, ya que la ausencia de esta balsa complica la regulación de agua para los cultivos.
Mientras tanto, la Generalitat Valenciana trabaja en obras para distribuir el agua del Júcar a las comunidades regantes de la región. Melgarejo concluye que, sin el agua disponible por la falta de la balsa operativa, los esfuerzos de infraestructura resultan insuficientes para asegurar la gestión hídrica adecuada en Alicante.
