Ciudad de México. - La posibilidad de que Javier Duarte de Ochoa salga del Reclusorio Norte el próximo 15 de abril se ha visto comprometida. Un juez de control federal ha decidido imponer la medida de prisión preventiva justificada en base a una nueva imputación por peculado, relacionado con un desvío de 5 millones de pesos.
El juez Gustavo Aquiles Villaseñor, del Centro de Justicia Penal Federal, argumentó que el historial de evasión del exgobernador veracruzano es un factor determinante en su decisión. Duarte había huido a Guatemala en 2016, lo que lo coloca en una situación de alto riesgo de fuga. La severidad de la nueva acusación, que conlleva una pena de entre 2 y 14 años de cárcel, también influye en la medida cautelar adoptada.
La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción señala que el desvío de fondos en el que está involucrado ocurrió en 2012. Se argumenta que estos fondos fueron destinados a programas de atención a grupos vulnerables, pero la mitad de la suma desapareció tras transferencias irregulares entre cuentas gubernamentales. Esto ha llamado la atención sobre la falta de transparencia en la administración de recursos públicos.
La investigación se apoya en testimonios y elementos probatorios clave, incluyendo la declaración de Antonio Tarek Abdalá, ex tesorero estatal, quien reveló una estrategia de “barrido de cuentas” utilizada para mezclar fondos y dificultar el rastreo del dinero. Este testimonio ha llevado al juez a ordenar su comparecencia, indicando que se utilizará la fuerza pública si es necesario.
Para que Javier Duarte logre recuperar su libertad en la fecha inicialmente prevista, deberá suceder uno de tres escenarios: el juez podría dictar una no vinculación a proceso, modificar la medida cautelar o que se obtenga un cambio de medida en una audiencia posterior. Si ninguna de estas opciones se concreta, Duarte permanecerá en prisión indefinidamente, más allá de sus sentencias previas.
