Tibú, Norte de Santander. - La Fiscalía General de la Nación imputa cargos a tres jefes del Frente 33 de las disidencias de las Farc, quienes comparecieron de manera virtual desde la zona selvática del Catatumbo, en una audiencia que reveló graves violaciones a los derechos humanos. Durante la diligencia, se detallaron 37 homicidios, 34 desplazamientos forzados y 31 casos de reclutamiento de menores.
El ente acusador presentó testimonios sobre cómo esta estructura armada ha asesinado líderes sociales y ha forzado el desplazamiento de comunidades. Se expuso que algunos menores eran entrenados para integrarse a la guerra, utilizando armas de largo y corto alcance. Entre estos hechos, se mencionó la organización de asesinatos en la zona rural de Tibú, supuestamente coordinados por alias Richard, señalado cabecilla financiero del grupo.
La investigación también remarcó que la escalada de violencia se inició el 4 de enero del año pasado, con la llegada de combatientes del ELN a El Zulia. Un informe de la Defensoría del Pueblo identificó un evento crítico el 16 de enero, tras el asesinato de una familia en la zona rural, que desató una ofensiva del ELN, lo que llevó a una respuesta violenta del Frente 33.
En las semanas posteriores, se registraron más homicidios en Guamalito, Tibú y Ocaña, incluyendo el asesinato de un líder comunal vinculado a programas de sustitución de cultivos. La Fiscalía también documentó el ataque de un dron cargado de explosivos y el secuestro de tres hombres cuyos videos fueron divulgados en la comunidad, todo parte de una aparente estrategia para consolidar control territorial.
Los imputados no aceptaron los cargos durante la audiencia judicial. La Fiscalía continúa investigando las conexiones entre los crímenes y el reclutamiento forzado de menores, una problemática que azota a la región del Catatumbo.
