Ciudad de México, México. - La justicia fallida sigue siendo una realidad para los feminicidios en el país, según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF). Este sistema deficiente exige a las familias de las víctimas asumir funciones que deberían ser responsabilidad del Estado para avanzar en sus casos.
La directora del OCNF, María de la Luz Estrada, presentó una Guía de buenas prácticas en el acompañamiento de víctimas, destacando que la justicia no está garantizada por el sistema de procuración. En muchas instancias, las familias deben demostrar que los asesinatos no fueron suicidios ni accidentes, recibiendo un trato inadecuado por parte de ministerios públicos, que actúan sin empatía.
Las cifras son alarmantes: más de 10 mujeres, niñas y adolescentes son asesinadas cada día en México. De acuerdo al OCNF, un 20% de los feminicidios registrados en la última década han sido mal clasificados como muertes accidentales o bajo distintas categorías delictivas. Esta situación complica el acceso a la justicia y perpetúa la impunidad.
Activistas y defensoras de derechos humanos realizan labores que deberían ser asumidas por las autoridades, tales como la elaboración de planes de investigación y la documentación de omisiones en los procesos. A pesar de la experiencia acumulada en este campo, persiste un patrón de revictimización, donde las familias son culpabilizadas y enfrentan investigaciones lentas y deficientes.
La Guía del OCNF busca empoderar a las familias y defensoras de derechos humanos, enfatizando la necesidad de que el Estado cumpla su responsabilidad de garantizar la verdad y la justicia. Mientras la justicia fallida continúe siendo la norma, la lucha de las familias y la sociedad civil se vuelve esencial para romper el ciclo de impunidad en los feminicidios.
