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Menores en México no deben ser juzgados como adultos, afirma experto

Expertos argumentan que los menores no deben ser juzgados como adultos en México, destacando su derecho a la reinserción social y el desarrollo psicológico.

La justicia para adolescentes se basa en diferencias de madurez y derechos humanos.
Desde Yucatán, experto analiza el sistema de justicia para adolescentes en México / Mishell Calderón / Foto: Especial

Mérida, Yucatán. - Rubén Sánchez Gil, doctor en Derecho y profesor en la UADY, explicó por qué los menores de edad no deben ser juzgados como adultos tras los recientes hechos de violencia en México protagonizados por adolescentes. El académico subrayó que el sistema de justicia para adolescentes reconoce diferencias en desarrollo psicológico y madurez entre menores de 18 años y adultos.

El profesor Sánchez Gil indicó que las sanciones aplicables a los jóvenes no pueden equipararse a las de los adultos, dado que existe un régimen de derechos protectores que regula las situaciones de niñas, niños y adolescentes. Este régimen se sostiene en disposiciones constitucionales y tratados internacionales de Derechos Humanos.

Destacó que el fundamento del sistema de justicia juvenil se encuentra en el Artículo 18 Constitucional, que establece la responsabilidad del Estado de implementar un sistema integral para jóvenes de entre 12 y 18 años. Sin embargo, este artículo ha sido sujeto de revisión por organismos internacionales.

Sánchez Gil mencionó la Observación General número 24 del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, que recomienda que la edad mínima para juzgar penalmente a un individuo sea de al menos 14 años. Además, sugiere que considere elevarla a 15 o 16 años, argumentando que quienes no alcanzan estas edades carecen de la madurez necesaria para comprender el impacto de sus actos.

El enfoque del sistema de justicia para adolescentes no se centra en el castigo, sino en la reinserción social. Por lo tanto, enfatizó la importancia de contar con equipos multidisciplinarios que integren juristas, psicólogos y trabajadores sociales, con el fin de abordar las necesidades específicas de esta población vulnerable.

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