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ONU solicita a México medidas urgentes ante crisis de desapariciones

La ONU alerta sobre las desapariciones forzadas en México y pide medidas de apoyo al Estado para enfrentar la crisis.

La ONU alerta sobre las desapariciones forzadas en México y demanda apoyo al Estado para combatir el problema.
Foto: Especial

Ciudad de México. - El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) ha instado al Secretario General de la ONU a presentar la grave situación de las desapariciones forzadas en México ante la Asamblea General, buscando medidas de apoyo para prevenir y erradicar este delito.

Esta decisión, bajo el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, surge de un análisis del Comité que concluye que en el país continúan ocurriendo desapariciones que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. La evidencia sugiere patrones sistemáticos de ataques a la población civil en diversas regiones.

El CED identificó múltiples casos donde se observa la posible participación de funcionarios públicos en las desapariciones, a pesar de la afirmación del Estado mexicano de que muchos casos son resultado de grupos delictivos. Según el derecho internacional, las desapariciones forzadas pueden ser consideradas crímenes de lesa humanidad, incluso si son perpetradas por actores no estatales.

Más de 4,500 fosas clandestinas han sido descubiertas, revelando más de 6,200 cuerpos y 72,000 restos sin identificar, lo que demuestra la magnitud del problema. A pesar de las acciones tomadas por el gobierno en los últimos años, el CED consideró que no se ha observado una mejora significativa en la situación.

Ante este panorama, el CED ha solicitado mecanismos de cooperación técnica y apoyo financiero de la comunidad internacional para mejorar las labores de búsqueda y esclarecimiento de la verdad. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha rechazado el informe, argumentando que refleja situaciones del pasado y defendió los esfuerzos del actual gobierno en la mejora de las legislaciones y procedimientos para abordar el problema.

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