Mérida, Yucatán. - La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) confirmó el daño ambiental causado por las granjas porcícolas en Yucatán. Inspecciones recientes revelaron irregularidades en la operación de estas instalaciones, como la falta de autorización de impacto ambiental y el tratamiento inadecuado de aguas residuales.
Desde 2022, se han llevado a cabo 30 visitas de inspección a granjas denunciadas. La funcionaria Mariana Boy destacó que muchas de estas no cuentan con permisos necesarios para la descarga de aguas residuales, lo que agrava el riesgo de contaminación en un estado donde el agua subterránea es el único recurso hídrico disponible.
El "Dictamen Diagnóstico Ambiental de la Actividad Porcícola en Yucatán", publicado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en 2023, identificó 507 granjas en operación y documentó los efectos ambientales adversos de esta industria. Boy subrayó la alta vulnerabilidad del acuífero y recordó que la falta de gestión adecuada genera graves impactos, especialmente en un suelo kárstico como el yucateco.
La Profepa ha abierto numerosos expedientes administrativos a partir de denuncias ciudadanas. Un caso clave es el de una granja en Santa María Chí, clausurada de forma definitiva en septiembre de 2025 por violaciones reiteradas a las normativas ambientales. La empresa deberá retirar todos los cerdos del sitio antes de abril de este año, y la Profepa supervisará el cumplimiento de esta orden.
La coordinación entre instituciones es fundamental para enfrentar estos problemas. Mariana Boy expresó que se trabaja en un convenio entre la Profepa y el gobierno de Yucatán para definir responsabilidades en la regulación de las granjas porcícolas y asegurar una vigilancia efectiva.
