Ciudad de México, México. - La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa para ajustar la reforma judicial en respuesta a las problemáticas operativas surgidas de su implementación. Se busca corregir el rumbo sin desvirtuar los principios que la sustentaron.
Durante décadas, el Poder Judicial fue objeto de críticas por su desconexión con la ciudadanía y prácticas poco transparentes. La reforma anterior buscaba democratizarlo mediante la elección popular de jueces y magistrados, intentando romper con un histórico descontento social.
Sin embargo, la implementación ha evidenciado múltiples desafíos, como problemas administrativos y jurídicos que complican la provisión de certeza jurídica. La propuesta de aplazar la segunda etapa de esta reforma hasta 2028 implica reconocer la complejidad de un sistema que debe ser funcional y estable.
El aprendizaje clave es que las reformas requieren más que voluntad política; necesitan bases jurídicas y administrativas sólidas. La discusión ahora se centra en encontrar un equilibrio adecuado entre la legitimidad social y la competencia técnica de los jueces, crucial para el funcionamiento de la democracia.
La presidente Sheinbaum parece reconocer que una reforma efectiva no es dogmática, sino adaptativa. La propuesta busca introducir mecanismos de evaluación y filtros especializados que mejoren la calidad del sistema judicial. Además, se enfrenta a la heterogeneidad de los marcos jurídicos en las entidades federativas, resaltando la importancia de construir confianza y estabilidad.
