Ciudad de México, México. - La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional un decreto del Gobierno de la Ciudad de México que señala que el incremento anual de la renta de vivienda no puede superar la inflación del año anterior. Esta decisión marca un importante avance para la regulación del mercado de arrendamiento.
La Corte resolvió el amparo en revisión 546/2025 que había sido interpuesto por Urbanhub México, una operadora de vivienda en renta. La empresa cuestionó el límite impuesto al considerar que afectaba los derechos de los propietarios, pero la Corte determinó que estas restricciones no violan el derecho de propiedad al promover una estabilidad habitacional.
La ministra Lenia Batres subrayó que en las dos últimas décadas el costo del suelo ha crecido un 800%. La medida busca garantizar que los arrendadores obtengan una ganancia justa, evitando aumentos excesivos que forzarían a los inquilinos a abandonar sus hogares. El presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, enfatizó la importancia de proteger el "derecho a una vivienda adecuada".
El decreto entró en vigor en agosto de 2024 y establece que las rentas deberán pactarse en moneda nacional, con incrementos permitidos solo una vez al año y que no superen la inflación reportada. Este tope se vuelve crucial para los propietarios e inversionistas, ya que la inflación será el único indicador para ajustes en contratos.
Aunque la SCJN no creó una nueva acción legal, dejó claro que cualquier aumento por encima del índice inflacionario puede ser impugnado ante un juez. Los inquilinos tendrán la facultad de cuestionar aumentos ilegales, una opción ya existente que ha sido reforzada por la sentencia.
