Tijuana, Baja California. - La implementación de la ley contra la violencia vicaria enfrenta serios desafíos en Baja California, según Samantha Sesma, cofundadora del colectivo CESODI. La falta de compromiso de las autoridades dificulta ofrecer protección efectiva a madres e infancias en la región.
La violencia vicaria, donde los hombres utilizan a hijos e hijas como instrumentos de control, ha sido reportada por más de 150 madres que buscan asesoría legal. Si se consideran los casos de otros estados, la cifra podría alcanzar entre 200 y 300 mujeres que enfrentan esta problemática en el país.
El colectivo CESODI ha ofrecido capacitaciones con expertos para mejorar la vinculación de agresores, pero el verdadero obstáculo radica en la falta de reconocimiento y clasificación correcta de este delito por parte de las autoridades. Muchas denuncias se transforman en cargos de sustracción o retención de menores, lo que diluye la protección legal necesaria para las víctimas.
Este tipo de violencia no es nuevo y ha sido normalizado en la sociedad. En un estado fronterizo como Baja California, se han registrado casos de sustracción internacional de menores hacia Estados Unidos, lo que complica aún más la situación. Las víctimas también enfrentan hostigamiento en redes sociales, lo que resalta la urgencia de una intervención institucional más efectiva.
El reciente caso en Coahuila, donde una madre fue vinculada a proceso por violencia vicaria, pone de manifiesto que a nivel nacional persisten deficiencias en la aplicación de la ley. Sesma enfatiza que, para que la Ley Vicaria sea efectiva, es esencial contar con jueces y autoridades dispuestos a reconocer y clasificar adecuadamente este delito.
