San Quintín, Baja California. - Las manifestaciones en San Quintín continúan mientras ciudadanos demandan un juicio político contra la alcaldesa Miriam Cano Núñez. Las dificultades históricas abarcan retrasos en infraestructura y servicios básicos, afectando gravemente a la población.
Aproximadamente 130 mil personas viven en San Quintín, aunque cifras extraoficiales indican que la población podría ser de hasta 150 mil. Un alto porcentaje de la población, un 34.9%, vive en condiciones de pobreza, y más del 3.8% enfrenta pobreza extrema. Esta situación es alarmante en un municipio que se considera clave en la producción agrícola del estado.
La región es esencial para la economía de Baja California, destacándose por su producción de fresa y otras frutas. Sin embargo, muchos jornaleros agrícolas, en su mayoría provenientes de comunidades indígenas, padecen condiciones laborales precarias y una falta de acceso a servicios de salud. Los trabajadores se encuentran frecuentemente en esquemas que los dejan vulnerables a la explotación laboral.
El acceso a servicios básicos en San Quintín es lamentable. La población sufre de escasez de agua, con tandeos que se extienden de una a dos semanas. Además, la falta de redes de drenaje resulta en que casi toda la población dependa de fosas sépticas. La situación sanitaria es precaria, con una infraestructura de salud insuficiente, especialmente en un contexto donde la construcción de un hospital ha sido solicitada por décadas.
Para el año 2026, se prevé que el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda inicie la construcción de una planta desaladora para mejorar el suministro de agua en la región. Las autoridades estatales también buscan financiamiento para mejorar la infraestructura de distribución, pero el progreso continúa siendo lento en medio de las preocupaciones sociales y políticas.
