Ciudad de México, CDMX. - La Administración de Claudia Sheinbaum ha iniciado un cambio significativo en la política energética de México al reconsiderar la fractura hidráulica para la obtención de gas natural. Este enfoque busca disminuir la dependencia del gas importado de Estados Unidos y aumentar la soberanía energética.
Desde el inicio de su mandato, Sheinbaum había descartado el fracking, afirmando en 2024 que “no va a haber fracking”. Sin embargo, expertos y políticos cercanos al gobierno indican que se ha creado un plan para aprovechar yacimientos en Coahuila, Tamaulipas y Veracruz, que ya han sido estudiados por Petróleos Mexicanos (Pemex).
Pemex necesitaría más de 1,000 millones de dólares para reactivar los pozos identificados, buscando así esquemas de inversión público-privada. Legisladores como Alfonso Ramírez Cuéllar han entregado estudios a la presidenta sobre el potencial de dichos yacimientos, además de proponer cambios en la política fiscal de Pemex para viabilizar estos proyectos.
El avance en esta estrategia ha generado interrogantes sobre los posibles impactos ambientales, ante críticas de organizaciones que advierten sobre los riesgos asociados al fracking. Aunque la secretaria de Energía, Luz Elena González, se opuso al uso de esta técnica, reconoció la necesidad de incrementar la producción de gas natural en el país. Es evidente que la ambición de alcanzar una producción de 1.8 millones de barriles diarios de petróleo podría depender de inversiones en exploración no convencional.
Los estudios técnicos sugieren que la producción podría iniciar en tres o cuatro años, con reservas de gas y petróleo en las cuencas Tampico-Misantla, Burgos y Sabinas. Estos proyectos no solo buscan abastecer la demanda interna sino también elevar la soberanía energética de México, que actualmente importa más del 70% de su consumo de gas.
