Estado de México. - La desaparición y asesinato de Edith Guadalupe, una joven de 21 años, destaca las deficiencias del sistema de justicia en casos de violencia. Salió a una entrevista de trabajo y no regresó, lo que generó una denuncia familiar que no fue atendida con la urgencia requerida.
La Fiscalía tardó en responder a la alerta, a pesar de contar con información relevante desde el principio. Cuando finalmente actuaron, tras una manifestación pública, ya era demasiado tarde para salvar su vida. Este caso es un ejemplo más de un patrón preocupante en México, donde las fiscalías tienen respuestas lentas y protocolos ineficaces.
La situación es aún más alarmante en un contexto de desigualdad. Solo el 47% de las mujeres en México participan en la economía, enfrentándose a condiciones laborales precarias. Ofertas de empleo engañosas se convierten en trampas mortales para muchas. Esta desigualdad y falta de oportunidades empujan a las mujeres a situaciones de riesgo que, en ocasiones, terminan en feminicidios.
A pesar de la discusión pública sobre reformas judiciales, la verdadera necesidad es una reingeniería de las fiscalías. México cuenta con entre 10 y 11 fiscales por cada 100,000 habitantes, una cifra alarmantemente baja comparada con países como Chile o Alemania. Sin un número adecuado de profesionales capacitados, cualquier reforma resultará inútil.
Es crucial priorizar la prevención y mejorar las condiciones laborales. Regular las ofertas laborales y garantizar la seguridad para buscar empleo son pasos esenciales. Casos como el de Edith Guadalupe no deben repetirse; es vital que el Estado actúe de manera efectiva y a tiempo, implementando un sistema que proteja a las mujeres y garantice justicia real.
