Mérida, Yucatán. - La frase «Al rato regresa con su macho» resuena en las calles, reflejando la impunidad que enfrenta la violencia contra la mujer en Yucatán. Este prejuicio ha resultado en la desprotección y el sufrimiento de muchas féminas, como lo evidencia el caso reciente de Estefanía Patricia Palma Ramírez.
La situación de Estefanía es alarmante. Su agresor, Gibrán Herbé Rodríguez, tiene vínculos con figuras políticas locales, lo que agrava su contexto de violencia. A pesar de las medidas de protección vigentes, el pasado 5 de febrero, ella y sus hijos fueron violentamente desalojados de su hogar en Temozón Norte, evidenciando la ineficacia del sistema judicial para proteger a las víctimas.
La historia de Estefanía recuerda a la de Emma Gabriela Canto Rodríguez, quien fue asesinada tras años de denunciar su situación. Este caso, entre otros, forma parte de una larga lista de feminicidios en Yucatán, donde la falta de seguimiento a las denuncias y la corrupción son comunes. La memoria colectiva de la región está plagada de nombres de mujeres que no encontraron justicia.
A pesar de la existencia de la “Ley Emma”, destinada a proteger a los hijos de las víctimas, la realidad es que los vínculos políticos continúan prevaleciendo en la ejecución de estas leyes. La violencia vicaria se torna en un peligro constante, donde los agresores utilizan a los hijos como herramientas de control y daño psicológico hacia las madres.
El clamor de Estefanía y su solicitud de protección plantea un reto para las autoridades de Yucatán. La pregunta persiste: ¿serán capaces de actuar ante la inminente amenaza de feminicidio, o prevalecerá una vez más la impunidad protectora que rodea a los poderosos? Es fundamental que el Gobierno y las instituciones de justicia reconsideren sus prioridades y actúen en defensa de la vida y bienestar de las mujeres y sus hijos.
