Acapulco, Guerrero. - La investigadora Gloria Luz Alejandre Ramírez destacó que la violencia política contra las mujeres en México es una deuda histórica que se ha extendido por más de un siglo. Esta situación se origina en la exclusión de las mujeres como ciudadanas y su impedimento para participar en procesos de toma de decisiones.
Durante su conferencia en el diplomado del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano y la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, la académica enfatizó que la negación de derechos políticos ha sido un mecanismo de control que ha limitado el poder de las mujeres en la esfera pública. La historia revela que las mujeres, a pesar de su participación en momentos cruciales como la Independencia, no obtuvieron el reconocimiento necesario en las constituciones de 1824 y 1857.
Alejandre Ramírez identificó el Primer Congreso Feminista de Yucatán en 1916 como un punto de quiebre en la lucha por el voto. A pesar de la asistencia de 617 mujeres, la ideología conservadora de la época continuó obstaculizando su avance. El voto municipal fue otorgado en 1947, y la plena ciudadanía se logró recién en 1953. Estos hitos demostraron que la lucha por la representación política ha sido larga y plagada de retrocesos.
La investigadora también vinculó la violencia política actual con desafíos estructurales más amplios que afectan a mujeres, niñas y adolescentes en México. Agresiones sexuales, matrimonios infantiles y embarazos en adolescentes son manifestaciones de un sistema que no protege a este grupo. La existencia de compromisos internacionales no garantiza que las mujeres ejerzan sus derechos en la práctica.
Alejandre Ramírez concluyó que la persistencia de la violencia política refleja una falta de voluntad institucional para transformar realidades. La ausencia de sanciones y políticas adecuadas para abordar la exclusión y la violencia política continúa siendo una preocupación central en la lucha por la igualdad en el país.
