Tequila, Jalisco. - Antonio Lancaster, presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, denunció el modus operandi de Diego Rivera Navarro, exalcalde de Tequila, por extorsionar a empresarios locales a través de cobros excesivos en prediales y multas.
Lancaster relató en entrevista que Rivera conocía las leyes suficientemente para encubrir los altos costos, utilizando al director de Padrón y Licencia o a despachos privados para negociar con los comerciantes. Indicó que, a menudo, mencionaba un aumento del predial de hasta 2,000%, o multas desproporcionadas por supuestas infracciones menores.
La presión ejercida por el exalcalde fue intensa. Ante la negativa de los empresarios a pagar las sumas solicitadas, el ayuntamiento clausuraba de inmediato sus negocios. Muchos se vieron forzados a recurrir a amparos y a buscar apoyo del Gobierno del Estado y de la Federación para revertir dichas clausuras, exponiendo la ilegalidad de estas acciones.
Desde mediados del año pasado, empresarios intentaron un diálogo con Rivera para tratar de mediar en los abusos, aunque estos esfuerzos resultaron en meras promesas incumplidas. Fue entonces cuando decidieron acudir al Gobierno de Jalisco, que los asistió en interponer denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) entre octubre y noviembre.
Un aspecto clave de la denuncia de Lancaster es que el sector empresarial en Tequila no ha enfrentado extorsion de cárteles, sino que la única amenaza ha provenido de la autoridad municipal. El exalcalde Rivera Navarro fue detenido el 5 de febrero en un operativo federal por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), junto a otros funcionarios municipales.
