Santa María Chi, Yucatán. - El 29 de abril, inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) confirmaron el retiro de 41 mil 570 cerdos en una granja que había sido el centro de protestas y denuncias por sus prácticas nocivas. Este evento marca la culminación de años de conflictos que involucraron a la comunidad y al gobierno para proteger la salud pública y el medio ambiente.
La comunidad maya de Santa María Chi, compuesta por aproximadamente 500 habitantes, experimentó graves problemas de salud relacionados con la operación de Pecuaria Peninsular. Desde 2021, habitantes informaron enfermedades gastrointestinales y respiratorias, y alertaron sobre la contaminación del agua debido a los desechos de la granja. Las acciones en su contra fueron impulsadas tras descubrir que se quemaban desechos, generando nubes tóxicas que afectaron su calidad de vida.
Poblaciones cercanas, como Kinchil y Maxcanú, realizaron estudios que confirmaron la contaminación del agua, evidenciado por altas concentraciones de coliformes fecales. Estas condiciones llevaron a los habitantes a protestar, incluso estableciendo un campamento en 2023, exigiendo acciones efectivas de las autoridades. La situación atrajo la atención de organizaciones de derechos humanos y ambientales, resultando en inspecciones por parte de la Profepa en más de 20 municipios de Yucatán.
Finalmente, el 4 de septiembre de 2025, la Profepa clausuró la granja debido a su incumplimiento repetido de normativas ambientales. Este acto no solo representó un avance administrativo, sino un hito en la defensa de los derechos de comunidades afectadas por prácticas industriales dañinas. Mariana Boy Tamborrell, procuradora de Profepa, subrayó la importancia de esta decisión para la justicia ambiental en el estado.
El gobierno del estado de Yucatán ha anunciado que la granja será reubicada, intentando atenuar el impacto ambiental y restablecer la confianza en las comunidades locales, mientras los habitantes esperan una mejora en su salud y bienestar.
