Ciudad de México. - Un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, que anuló un contrato portuario firmado en 1997, provocó la respuesta del Gobierno chino, el cual manifestó que Panamá enfrentará consecuencias políticas y económicas si no revierte esta decisión. La concesión anulada, otorgada a Panama Ports Company, operadora de los puertos de Balboa y Cristóbal, es fundamental para el comercio regional.
China calificó el fallo como «absurdo, vergonzoso y patético». La Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao advirtió que la decisión judicial atenta contra el espíritu del contrato y genera un ambiente adverso para la inversión extranjera, reflejando una supuesta falta de independencia en el sistema judicial panameño.
El presidente panameño, José Raúl Mulino, se pronunció al respecto a través de redes sociales, reafirmando que Panamá es un Estado de Derecho y que se respetan las determinaciones del poder judicial. Agregó que el Ministerio de Relaciones Exteriores tomará las acciones pertinentes en respuesta a las declaraciones de China.
El tribunal panameño fundamentó su decisión en auditorías que cuestionaron la legalidad de la concesión y sus renovaciones, señalando que estas no cumplían con requisitos constitucionales básicos. Panama Ports Company, por su parte, anunció su intención de buscar arbitraje internacional, argumentando que han invertido más de 1,800 millones de dólares en sus operaciones en el país.
Este desarrollo llega en un momento clave, ya que CK Hutchison, que es parte de Panama Ports Company, estaba negociando la venta de activos, incluida esta operación, a un consorcio que involucra a BlackRock y Mediterranean Shipping Company. Esta transacción, valorada en más de 22 mil millones de dólares, podría estar en riesgo tras la decisión judicial. Panamá, mientras tanto, asegura que los puertos funcionan con normalidad y mantiene un plan para garantizar la continuidad de los servicios.
