Nueva York, Estados Unidos. - Los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF han exigido que la jueza Loretta Preska obligue al estado argentino a revelar la ubicación y los movimientos de sus reservas de oro. Este requerimiento ha generado una respuesta en el Banco Central, que reconoce la debilidad de la documentación relacionada con el oro, lo que podría conducir a consecuencias penales para sus autoridades.
La demanda se basa en la sospecha de una estrategia del gobierno para ocultar activos con el fin de evitar el pago de una sentencia de 16.100 millones de dólares. Los fondos Petersen y Eton Park señalan que la República Argentina no presentó un testigo calificado y acusaron que la elección de un expositor "deliberadamente no preparado" constituye una obstrucción del proceso judicial.
El Banco Central ha admitido que sus operaciones con el oro son deficientes en términos documentales. Los demandantes buscan identificar activos que puedan ser embargados para ejecutar la sentencia emitida por el tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Una carta enviada por los abogados de Levine Lee LLP a la jueza Preska expone que el incumplimiento del gobierno contribuye a su estrategia para evadir responsabilidades, en especial teniendo en cuenta el valor actual del oro.
Los litigantes también subrayan que altos funcionarios, incluido el ministro de Economía, Luis Caputo, tienen acceso a la información solicitada. Esta situación lleva a los demandantes a requerir que el tribunal fuerce al Estado argentino a proporcionar de inmediato una declaración jurada que aclare la ubicación y los movimientos de las reservas de oro. Asimismo, en caso de que el gobierno argumente falta de acceso a esta información, se ha pedido una audiencia probatoria con testigos que posean conocimiento del asunto.
Finalmente, se reclama que se ordene al Estado argentino cubrir los honorarios legales de los demandantes por su falta de cooperación, reiterando que entidades como el Ministerio de Seguridad y la Auditoría General de la Nación tienen la potestad de acceder a la información sobre el manejo de las reservas del oro.
