Ciudad de Guatemala, Guatemala. - El gobierno de Guatemala ha declarado estado de sitio en todo el país, lo que implica la suspensión de garantías y un despliegue total de fuerzas de seguridad. Esta medida se toma en un contexto de creciente violencia por parte de pandillas, que han desafiado al Estado, reconociendo así la pérdida de control territorial.
El estado de sitio permite al gobierno guatemalteco actuar frente a una amenaza sistémica, mientras que México se enfrenta a una crisis más profunda, con más de 180 mil homicidios y zonas enteras bajo el control de cárteles. A pesar de la gravedad de la situación, la administración de Andrés Manuel López Obrador se aferra a una narrativa de negación, insistiendo en que "vamos bien" y que “antes era peor”.
Mientras que Guatemala reconoce públicamente su estado de emergencia, México mantiene la ilusión de normalidad. Las políticas de "abrazos, no balazos" han fracasado en pacificar al país, fragmentando aún más el control estatal. La militarización sin una estrategia civil ha demostrado no resolver la crisis y el monopolio de la fuerza se ha desvanecido, a favor de organizaciones criminales.
El contraste entre ambos países es notable: Guatemala, con menos recursos, es capaz de admitir sus fallas, mientras que México continúa negando la cruda realidad. La capacidad del Estado mexicano para reconocer su propia crisis está siendo erosionada, generando un paisaje de violencia y corrupción que se ha normalizado entre la sociedad.
No se debe desear un estado de excepción como el guatemalteco, pero es inquietante la incapacidad de México para aceptar su realidad. La verdad ha devenido un bien escaso y lo único prohibido parece ser el reconocimiento de esta crisis interminable y las responsabilidades que conlleva.
