San Martín, Buenos Aires. - A casi siete décadas de los fusilamientos en los basurales de José León Suárez, los familiares de las víctimas exigen justicia. La causa judicial, a cargo de la jueza Alicia Vence, permanece inactiva, impidiendo el esclarecimiento de estos graves hechos durante la dictadura de 1956, liderada por Pedro Eugenio Aramburu.
Los hijos y nietos de los fusilados se han unido a organismos de derechos humanos y autoridades locales para demandar avances en la investigación. En 2023, se tomaron declaraciones a testigos, pero el proceso ha carecido de progresos significativos. Varios funcionarios judiciales y un policía presente en la noche de los acontecimientos han proporcionado testimonios relevantes.
Desde el cambio de gobierno nacional y la renuncia del fiscal Paul Starc, que dejó la investigación para asumir otro cargo, la causa ha sufrido retrasos. Los familiares consideran que no hay justificación para demorar más la fecha del juicio oral, que ya cuenta con más de dos años sin avances. La historia de dilaciones en casos emblemáticos de terrorismo de Estado añade frustración a la búsqueda de justicia.
Grupos de abogados han presentado quejas formales contra la jueza Vence por su falta de acción ante casos significativos. El decreto ley 4161, que proscribió al peronismo en 1956, es parte del contexto histórico de esta causa. A pesar de las movilizaciones, la situación jurídica sigue paralizada, afectando negativamente las posibilidades de justicia.
Con el tiempo en su contra, los hijos y nietos de las víctimas, que ahora son adultos mayores, continúan luchando por la memoria y verdad. La reciente sentencia por la masacre de Napalpí se ha convertido en un referente para este tipo de casos. Exigen que la historia no se repita y que los crímenes de lesa humanidad sean tratados con la seriedad que requieren.
