Moreno, Buenos Aires. - La Fundación Pro Vivienda Social, que ha facilitado el acceso a gas de red a más de 10,000 vecinos, enfrenta un grave problema legal tras una demanda laboral. Un gasista reclamó una relación laboral inexistente, resultando en un fallo que supera en casi 17,000% la cantidad que se solicitó inicialmente.
La situación ha generado preocupación entre los beneficiarios del programa, quienes dependen de esta ONG para mantener sus hogares abastecidos de gas. La Fundación había establecido fideicomisos que permitieron a familias de barrios populares conectar sus viviendas a la red de gas, mejorando su calidad de vida.
El gasista en cuestión llevó su reclamo a los tribunales sin que existieran pruebas fehacientes de una relación laboral. El fallo adverso se traduce en la posibilidad de que la Fundación se vea forzada a cerrar o suspenda su importante labor en la comunidad.
Pro Vivienda Social ha sido un pilar en la región, trabajando codo a codo con los vecinos para ofrecer soluciones habitacionales y de servicios básicos. Este conflicto legal podría interrumpir no solo el suministro de gas, sino también otros programas de apoyo social.
La ONG planea apelar la decisión judicial y busca apoyo de la comunidad y entidades gubernamentales para solventar la crisis. Los próximos pasos incluyen la recolección de fondos y la defensa legal adecuada para continuar su misión de ayudar a los más necesitados.
