Chihuahua, Chihuahua. - La explotación minera y la tala ilegal están provocando el desplazamiento forzado de comunidades indígenas en la Sierra Tarahumara. Esta violencia, asociada al crimen organizado, ha generado un ambiente hostil, obligando a familias enteras a abandonar sus hogares y tierras.
En la región, los pueblos rarámuri, tepehuanes del norte, pima y guarijó sufren ataques y amenazas que buscan despojarlos de sus territorios. Organizaciones civiles han documentado un aumento significativo en el número de familias desplazadas, así como en la intervención de grupos delictivos en actividades de extracción de recursos.
Las autoridades locales han mencionado una tendencia preocupante de desplazamientos forzados, sin poder vincular directamente estos eventos al control minero ejercido por grupos criminales. Sin embargo, la violencia ha aumentado notablemente en localidades como Guadalupe y Calvo y Moris, donde las tradiciones de minería se ven alteradas por la presencia del crimen organizado.
Chihuahua, estado con una rica historia minera, es clave en la producción de metales preciosos. Grupos delictivos han comenzado a explorar nuevos yacimientos, intensificando la presión sobre las comunidades indígenas que tradicionalmente han dependido de estas tierras. En este contexto, una trabajadora comunitaria revela que los ataques han forzado a muchos habitantes a dejar sus hogares y, en algunos casos, a colaborar con dichos grupos.
Las consecuencias de esta violencia son devastadoras, incluyendo el uso de mercurio en prácticas de minería artesanal que amenaza la salud pública y los recursos hídricos locales. Alrededor de diez comunidades fueron evacuadas debido a las agresiones de grupos delictivos en el último año, lo que refleja la magnitud de la crisis en la Sierra Tarahumara y la urgencia de abordar estas problemáticas.
