Tijuana, Baja California. - La reciente prohibición del comercio de dispositivos de vapeo en México ha permitido un incremento del control por parte del crimen organizado. Miembros de un cártel secuestraron brevemente a empleados de una tienda, exigiendo el dominio de sus operaciones y limitando la venta a plataformas en línea.
La nueva normativa, que prohíbe la venta, importación y distribución de estos productos, se encuentra en vigor después de años de vacíos legales. La industria del vapeo en el país, que representaba ingresos anuales de aproximadamente 1,500 millones de dólares, ahora enfrenta un panorama crítico para los empresarios y consumidores. El abogado Alejandro Rosario enfatiza que la prohibición deja el mercado en manos de grupos criminales, exacerbando los problemas de corrupción y violencia.
Expertos como Zara Snapp, del Instituto Ría, señalan que al cerrar el mercado legal se está entregando la industria a las organizaciones criminales. La situación se ha agravado para aquellos comerciantes que, a pesar de la prohibición, debieron modificar su modelo de negocio. Aldo Martínez, un empresario afectado, optó por cerrar su tienda ante el riesgo de severas multas y procedimientos corruptos por parte de las autoridades.
Las consecuencias de esta prohibición no solo afectan a los comerciantes, sino también a los consumidores, quienes podrían recurrir a fuentes ilegales para obtener los dispositivos. Las organizaciones civiles advierten sobre el riesgo de extorsiones por parte de las autoridades, ante la ambigüedad en las nuevas leyes que no especifican las cantidades permitidas para el consumo personal.
Esta situación plantea un desafío significativo para el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum, quien asumirá el reto de abordar tanto la salud pública como el control de la violencia ligada al crimen organizado en el sector de vapeadores.
