Monterrey, Nuevo León. - La organización Mexicanos Vs Narcoestado ha presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra Adrián de la Garza Santos, exprocurador de Nuevo León y actual alcalde de Monterrey, por actividades presuntamente vinculadas al crimen organizado y lavado de dinero.
La denuncia sugiere que los vínculos de Adrián de la Garza con el Cártel de Los Zetas se remontan al año 2009. Documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional y cables de inteligencia de la Embajada de Estados Unidos habrían indicado que recibía pagos quincenales del cártel como parte de una "narco-nómina". Las acusaciones incluyen múltiples delitos, desde operaciones con recursos de procedencia ilícita hasta posibles delitos electorales.
Miguel Maza, representante de Mexicanos Vs Narcoestado, aseguró que existen pruebas que vinculan a de la Garza con la protección a Los Zetas, especialmente durante los períodos más violentos en la región. Durante su gestión, se acumularon más de 240 recomendaciones de derechos humanos contra su administración, que incluían acusaciones de tortura y desapariciones forzadas. Además, se prohibió el acceso de un relator de la ONU a las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones.
La denuncia también revela posibles investigaciones sobre el uso de recursos ilícitos para respaldar la carrera política de de la Garza, incluyendo su intento de postularse a la gubernatura de nuevo-leon-lidera-empleo-manufacturero/">Nuevo León. Se mencionan alertas de autoridades estadounidenses sobre lavado de dinero relacionado con operaciones en el extranjero, vinculadas a familiares y conexiones sospechosas.
Asimismo, se señala que se estaría investigando la venta de software de espionaje a criminales, que fue utilizado por cárteles en sus enfrentamientos internos. Mexicanos Vs Narcoestado ha demandado que las investigaciones se lleven a cabo en México para romper con el supuesto pacto de impunidad. Anunciaron que en las próximas semanas presentarán más denuncias relacionadas con otros políticos implicados con grupos delictivos.
