Tijuana, Baja California. - El Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI) y la asociación Ruta Ciudadana promovieron un amparo colectivo en contra de la nueva regulación que exige a los usuarios de servicios de telefonía celular proporcionar datos biométricos para su contratación y permanencia.
El amparo fue presentado en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California. Carlos Atilano Peña, presidente del COCI, argumenta que esta reforma, vigente desde el 9 de enero, vulnera derechos humanos fundamentales al obligar la vinculación de líneas telefónicas a identificaciones oficiales con datos biométricos.
Atilano Peña enfatizó que el derecho a la privacidad y la protección de datos personales son esenciales. Aseguró que la normativa impuesta podría resultar en la cancelación del servicio para quienes se nieguen a entregar su información, lo que califica como una medida desproporcionada. La reforma se basa en la intención de combatir delitos, pero Atilano Peña subraya que la inseguridad persiste y las bases de datos han sido cuestionadas por filtraciones.
El abogado recordó que en 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), ponía de manifiesto el riesgo que corrían los datos personales en estos esquemas. Atilano Peña advierte que esta nueva medida no detendrá la extorsión o el secuestro, sino que podría provocar un aumento en el uso indebido de datos personales.
Diversas organizaciones, como la Cámara Nacional de Comercio de Tijuana y la Alianza Mexicana de Abogados, respaldan el amparo, el cual cuenta con la firma de aproximadamente 25 personas en su primera presentación. Se espera que en los próximos días se sumen al menos 50 firmas adicionales. Se solicitará la suspensión provisional de la norma, pidiendo a los ciudadanos no entregar sus datos biométricos.
