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Congreso de Baja California aprueba deuda de 2,960 mdp para desaladora

El Congreso de Baja California aprobó una deuda de 2,960 millones de pesos para la planta desaladora en medio de intensas controversias.

La controversia crece tras la aprobación de deuda que compromete las finanzas estatales por 30 años.
Entre gritos y acusaciones, diputados aprueban contratación de deuda hasta por dos mil 960 mdp / Foto: Especial

Mexicali, Baja California. - En una sesión marcada por gritos y acusaciones, el Congreso local aprobó la autorización al Gobierno del Estado para contratar una deuda de hasta 2,960 millones de pesos. Esta deuda está destinada a financiar obras complementarias para la planta desaladora en Playas de Rosarito.

Durante la discusión del dictamen 127 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, se suscitó un intenso debate entre los diputados de oposición, que incluyen al PAN, MC y PT, y los legisladores de Morena. Los opositores manifestaron su preocupación por la falta de transparencia y advirtieron que esta deuda comprometería los presupuestos de las próximas cinco administraciones estatales.

Un grupo de ciudadanos apoyó la propuesta desde el salón de plenos, sosteniendo cartulinas a favor de la construcción de la planta desaladora. Los legisladores en oposición señalaron que aunque reconocen la necesidad de la planta para el suministro de agua en la Costa, cuestionan la estabilidad financiera que la deuda de 2,960 millones de pesos implicará para el estado durante los próximos 30 años, lo que podría traducirse en un costo total superior a 9,000 millones para la entidad.

Los diputados, como Diego Echevarría y Alejandrina Corral, sugirieron que la propuesta debiera incluir garantías para mantener estables las tarifas del agua. Esta petición se fundamentó en el aumento significativo en los costos de agua desde el inicio de la administración de Morena. Daylín García, de Movimiento Ciudadano, expresó que no se justifica una deuda tan elevada bajo la premisa de escasez de recursos.

La morenista Angélica Peñaloza defendió el proyecto, atacando a la administración anterior por sus intentos de privatizar el suministro de agua. La votación final del Congreso local resultó en 19 votos a favor y 6 en contra, autorizando la contratación de la deuda que ha generado un amplio debate sobre la gestión y transparencia gubernamental.

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