Toluca, Estado de México. - El foro titulado "Vientres de Alquiler: ¿negocio, explotación o derecho?" se llevó a cabo con el propósito de discutir una iniciativa que prohíba o regule la maternidad subrogada en el Estado de México, a presentarse en marzo. Este debate surge en el contexto del Día Internacional de la Mujer.
La maternidad subrogada se practica en entidades como Tabasco y Sinaloa, mientras que otros estados, como Querétaro y San Luis Potosí, la prohíben. La falta de regulaciones claras genera incertidumbres jurídicas que pueden resultar en la explotación de mujeres que alquilan sus vientres.
La diputada Johanna Felipe Torres (PAN) destacó que este mercado, valorado en aproximadamente 14 mil 950 millones de dólares en 2023, se proyecta alcanzar casi 100 mil millones en 2033. La diputada enfatizó la importancia de legislar para proteger a las mujeres y a los menores, asegurando que la reproducción no sea vista como una transacción comercial.
Valeria González Ruiz, experta en derechos humanos, calificó a la maternidad subrogada como una forma de explotación que afecta a mujeres en situación vulnerable. La brecha económica y social a menudo las convierte en "fábricas de bebés". En este contexto, se observa una oferta comercial que prioriza el lucro sobre la ética.
Sofía Pérez Romero, especializada en derecho familiar, sugirió que la regulación de la maternidad subrogada debe incluir contratos formales que protejan a todas las partes involucradas. Reiteró la relevancia de que las mujeres tengan acceso a información clara, así como asesoría médica y legal durante el proceso. La formalización es clave para prevenir abusos y salvaguardar los derechos de todos los participantes.
