Monterrey, Nuevo León. - Una disputa familiar por el control de Garage y Talleres ha escalado a niveles significativos de poder político y judicial en Nuevo León, involucrando al fiscal general, Javier Flores, y al alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza. Esta controversia surge tras la muerte de Roberto Cortez, uno de los dueños.
El conflicto tiene sus raíces en la división accionaria de la empresa, que quedó en manos de Arturo y Roberto Cortez tras el fallecimiento de su padre. Tras la muerte de Roberto, su viuda, Daniela Treviño, tomó control de su 50%. La situación se complicó por la relación personal entre Treviño y Filiberto de la Garza, hermano del alcalde, lo que generó dudas sobre la imparcialidad de las decisiones judiciales.
En 2024, Arturo Cortez presentó una denuncia por despojo contra Daniela Treviño, lo que llevó el asunto a la Fiscalía. A pesar de ser un conflicto entre particulares, la denuncia se manipuló políticamente. Arturo Cortez ha denunciado que la actuación de la Fiscalía, liderada por Javier Flores, se vio influenciada por las conexiones políticas de su adversaria.
En enero de 2025, se solicitó una orden de aprehensión contra Arturo Cortez, intensificando la disputa. Este acusó que la acción judicial fue impulsada más por presiones externas que por fundamentos jurídicos consistentes. El contexto político ha puesto en entredicho la imparcialidad tanto de la Fiscalía como del alcalde.
La controversia pone de manifiesto cómo los conflictos corporativos pueden tener repercusiones significativas en el ámbito político. A pesar de que no se han presentado cargos formales contra los funcionarios mencionados, el caso sigue bajo intenso escrutinio público, resaltando los vínculos entre el poder privado y público en Nuevo León.
