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Funcionario ligado a hijo de AMLO firma contratos con factureras

Daniel Casasús, amigo de hijo de AMLO, firma contratos millonarios con empresas factureras ligadas a la familia Bermúdez.

Daniel Arturo Casasús, amigo de Andrés Manuel López Beltrán, firmó contratos millonarios ligados a una red empresarial en Tabasco.
Amigo de ‘Andy’ López Beltrán, hijo de AMLO, dio contratos millonarios a empresas en la lista negra del SAT, ligadas a Hernán Bermúdez / Foto: Especial

Villahermosa, Tabasco. - Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló los vínculos de Daniel Arturo Casasús, amigo de Andrés Manuel López Beltrán, con la firma de contratos por cerca de 12 millones de pesos a empresas catalogadas como factureras por el SAT. Estos contratos se firmaron durante su gestión en la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas de Tabasco.

Los contratos fueron otorgados a Construagregados Hopelchén, Comercio y Construcción de Tabasco, y Coincisur S.A. de C.V., todas conexas a la familia Bermúdez Requena, involucrada en irregularidades fiscales. MCCI destaca que estas empresas son parte de una red llamada “La Barredora Guinda”, compuesta por compañías con operaciones simuladas. Hernán Bermúdez, señalado como líder de esta red, se encuentra actualmente detenido.

La investigación apunta que las empresas beneficiadas operaban con domicilios vinculados a la familia Bermúdez. Comercio y Construcción de Tabasco, por ejemplo, se localizaba en un inmueble de propiedad de esta familia en Villahermosa, mientras que Construagregados Hopelchén también tuvo conexiones laborales con ellos. Las adjudicaciones para la construcción de aulas en escuelas primarias se realizaron sin licitación pública, mediante invitaciones a un mínimo de tres proveedores.

Casasús, antes de asumir el cargo en SOTOP, desempeñó funciones como secretario particular del entonces titular de la Secretaría del Bienestar, Javier May. Su cercanía con Andrés Manuel López Beltrán se remonta a su infancia. Además, se relaciona con Amílcar Olán, también vinculado a contratos en la obra pública, subrayando una red de influencia entre funcionarios y contratistas.

El SAT actualmente investiga estos contratos, los cuales fueron financiados por el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Este fondo tiene como finalidad mejorar la infraestructura en áreas con rezago social. El proceso de revisión de las empresas implicadas puede tardar entre cuatro y seis meses antes de una notificación oficial.

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