Monterrey, Nuevo León. - Karina Barrón enfrenta un momento crítico en su situación legal, mientras su defensa y familia afirman que su detención es injustificable y una violación a sus derechos. La audiencia programada para el sábado determinará si será vinculada a proceso por el delito de extorsión.
Ever Daniel González Montiel, abogado de Barrón, argumenta que la prisión preventiva oficiosa es improcedente. Asegura que la acusación no debería llevar a su encarcelamiento según la legislación vigente durante los incidentes en cuestión, que ocurrieron antes de la entrada en vigor de las reformas que clasifican la extorsión como un delito sujeto a prisión preventiva.
El abogado indica que aplicar estas reformas de manera retroactiva niega los derechos constitucionales de su clienta, contraviniendo el artículo 14 de la Constitución. González Montiel enfatiza que la orden de aprehensión no era necesaria, ya que Barrón es una figura pública con un domicilio y trabajo localizables, lo que permitiría que se presentara voluntariamente ante las autoridades.
Además, la defensa considera que la acusación presentada por la Fiscalía General de la República carece de solidez. El análisis de la carpeta de investigación revela la falta de pruebas concretas que sostengan tanto el hecho como la posible participación de Barrón en los delitos imputados. La defensa, por ello, se prepara para pedir en la audiencia del sábado un auto de no vinculación a proceso.
En un escenario familiar difícil, María Elena Perales Rico, madre de Karina, denuncia que la detención fue violenta, afectando emocionalmente a los hijos de la imputada. Los niños, que presenciaron la arrestación, se encuentran traumatizados y temerosos. La madre hace un llamado a las autoridades para que se haga justicia en el caso de su hija.
