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Ministros de la SCJN adquieren camionetas Chairokee blindadas

La Suprema Corte de Justicia justifica la compra de camionetas Chairokee blindadas para sus ministros, generando controversia.

La Suprema Corte justifica inversión en vehículos y gastos para bienestar de sus integrantes.
Foto: Especial

Ciudad de México. - La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha anunciado la compra de camionetas Chairokee blindadas para sus ministros, una decisión que ha despertado críticas y debates sobre la inversión en seguridad y bienestar del Poder Judicial. Esta adquisición, que asciende a 21 millones de pesos, busca garantizar que los magistrados puedan cumplir con su labor con la seguridad necesaria.

El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, defendió la compra argumentando que estos vehículos son una alternativa más austera en comparación con las camionetas Suburban utilizadas anteriormente. Además, Aguilar enfatizó que su uso no es obligatorio, y los ministros están dispuestos a trasladarse en transporte público si es necesario. El presidente también mencionó que la decisión no fue arbitraria y que se realizó con responsabilidad.

En medio de estas críticas, ha habido cuestionamientos sobre otros gastos de la Corte, incluyendo recursos destinados a capacitaciones como yoga y cocina para su personal. Aguilar defendió la importancia de mantener un ambiente laboral que promueva el bienestar de los trabajadores, señalando que el cuidado personal es fundamental para el desempeño de la justicia.

A pesar de las controversias, el actual enfoque de la SCJN busca reflejar una austeridad relativa en comparación con gobiernos anteriores. La inclusión del término "Chairokee" en la compra se considera un homenaje a las culturas indígenas, buscando también establecer un vínculo cultural y simbólico con los pueblos originarios.

Este tipo de decisiones marca una nueva era para la Suprema Corte en la que se prioriza no solo la función judicial, sino también el bienestar y el reconocimiento cultural. Los ministros continúan siendo figuras públicas elegidas por el voto, lo que implica una responsabilidad adicional en sus acciones y gastos.

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