Ciudad de México. - Un grupo de manifestantes se reunió frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para protestar contra la votación del Artículo 60, que establece que el desalojo con uso de la fuerza debe ser considerado la última opción. Este artículo también asignaba al Gobierno de la Ciudad de México la responsabilidad de reubicar a personas en situación vulnerable a no más de 15 kilómetros de su lugar de origen.
El Artículo 60 estuvo vigente apenas cuatro meses en 2019, tras lo cual fue recortado por el mismo Congreso que lo aprobó. Según Eduardo Alanís, del Frente Anti-Gentrificación de la Ciudad de México, la presión de las inmobiliarias llevó a este retroceso. Los legisladores transformaron el artículo para que se volviera ambiguo, permitiendo así que las inmobiliarias actuaran sin restricciones.
Los manifestantes, en su mayoría personas desalojadas de inmuebles ubicados en la República de Cuba 11, Mar Blanco 102 y Antonio Caso 63, denunciaron juicios irregulares. Aseguran que fueron expulsados sin la debida notificación y a través de procesos judiciales simulados. Alanís indicó que estos eventos reflejan un sistema donde los derechos de los ciudadanos son vulnerados por intereses inmobiliarios.
Este lunes, la Suprema Corte votaría sobre un proyecto de la ministra María Estela Ríos González, que busca declarar como constitucional la eliminación del Artículo 60. La decisión generará un impacto significativo en la protección de los derechos de las personas vulnerables frente a desalojos forzados.
Los participantes en la manifestación bloquearon dos accesos de la Suprema Corte, exigiendo transparencia y justicia en los procesos de desalojo. La lucha por una vivienda digna sigue siendo un tema candente en la Ciudad de México, donde muchos continúan enfrentando el riesgo de desalojo sin garantías adecuadas.
