Mérida, Yucatán. - La Comisión Permanente de Justicia y Seguridad Pública del Congreso del Estado de Yucatán aprobó por unanimidad un importante proyecto de reforma al Código Penal local que fortalece la protección de niñas, niños y familias frente al incumplimiento de pensiones alimentarias.
La reforma busca garantizar una mayor protección a los menores y personas vulnerables, reconociendo la necesidad de un respaldo institucional efectivo. Esta medida surge en respuesta a familias que enfrentan dificultades debido a la omisión de obligaciones de asistencia familiar, asegurando que todos tengan acceso a condiciones de vida adecuadas.
El dictamen, impulsado por el diputado Wilmer Manuel Monforte Marfil (morena), modifica los artículos 33 y 221 del Código Penal estatal. Las nuevas disposiciones amplían la reparación del daño, incluyendo el pago de pensiones vencidas, así como gastos y deudas contraídas por los acreedores alimentarios durante el periodo de incumplimiento.
Además, se establecen condiciones para incluir gastos de asesoría jurídica particular, siempre que sean debidamente acreditados ante la autoridad judicial. La reforma resalta el principio del interés superior de la niñez en todos los delitos relacionados con sus derechos.
También se contempla la posibilidad de que el incumplimiento en casos de hijas, hijos o personas adultas mayores sea perseguido de oficio. Esto permite que el Ministerio Público designe un tutor o representante legal para las víctimas en estos casos.
La diputada Neyda Pat Dzul (morena) y el diputado Gaspar Armando Quintal Parra (PRI) respaldaron activamente el dictamen, sugiriendo modificaciones que enriquecerían la propuesta. Tras la discusión y revisión pertinente, el proyecto fue aprobado unánimemente por la comisión.
Finalmente, la presidenta de la comisión, diputada Estefanía Baeza Martínez (morena), pidió a la Secretaría General del Congreso distribuir digitalmente el dictamen aprobado a todos los diputados para continuar con el proceso legislativo.
