Monterrey, Nuevo León. - La asociación Color Esperanza Monterrey, dedicada a ayudar a personas vulnerables, se encuentra en medio de un conflicto legal que ha resultado en el embargo de sus bienes. Esta situación surge tras una demanda presentada por una exvoluntaria, lo que ha generado preocupación entre sus colaboradores y beneficiarios.
Desde su fundación en 2020, durante la pandemia de Covid-19, Color Esperanza ha ofrecido capacitación, distribución de despensas y actividades comunitarias. La presidenta Blanca Álvarez Cardiel comenzó a apoyar a la población en un momento crítico, pero la historia dio un giro cuando la excolaboradora demandó alegando despido injustificado.
La exvoluntaria había sido parte del equipo durante más de tres años, pero su relación con la asociación se deterioró por incumplimientos laborales. A pesar de un intento de conciliación, se llegó a juicio laboral, donde una jueza falló a favor de la demandante, lo que obligó a Blanca a afrontar un pago de 270 mil pesos. Posteriormente, un nuevo requerimiento de 90 mil pesos llevó al embargo.
El problema legal ha desatado una ola de apoyo ciudadano hacia Álvarez. Tras conocer la situación, muchas personas ofrecieron su solidaridad y disposición para manifestarse en defensa de la asociación. Sin embargo, Blanca expresó que no desea involucrar a más personas en este conflicto.
Color Esperanza Monterrey, una organización clave en la comunidad, se enfrenta a un desafío significativo que podría impactar sus programas de asistencia. La presidenta está buscando alternativas para resolver la situación y continuar brindando apoyo a quienes más lo necesitan.
