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Hackeo afectó 25 dependencias del gobierno mexicano

Un hackeo expone información sensible de 25 dependencias del gobierno mexicano, revelando serias fallas en su ciberseguridad.

El robo de datos críticos pone en riesgo la información de millones de ciudadanos.
Foto: Especial

Ciudad de México. - Al menos 25 dependencias federales del gobierno mexicano sufrieron un hackeo, resultando en la exposición de aproximadamente 2 terabytes de información sensible. Este evento fue anticipado y revela serias vulnerabilidades en la seguridad digital de las instituciones gubernamentales.

Las dependencias afectadas incluyen la Sociedad Hipotecaria Federal, el IMSS-Bienestar, el Sistema de Administración Tributaria, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y la Secretaría de Educación Pública, entre otras. Se han publicado datos privados que se pensaba estaban protegidos, con una fecha límite de divulgación establecida para el 30 de enero.

A pesar de que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones argumentó que no hubo una violación directa de sus sistemas, expertos en ciberseguridad apuntan que el uso no autorizado de credenciales válidas dentro de plataformas gubernamentales representa una grave falla y podría implicar responsabilidad legal. La narrativa del gobierno enfatiza que el problema es atribuible al mal funcionamiento de servicios de empresas privadas contratadas para la ciberseguridad.

El incidente ha expuesto la fragilidad del sistema federal de salud y otros servicios críticos. La base de datos del IMSS-Bienestar, que incluye información de aproximadamente 3 millones de personas, y registros fiscales de 95 mil agentes están en riesgo. Esta situación subraya la necesidad de una revisión exhaustiva de la seguridad en los sistemas digitales del gobierno.

Además, las autoridades reconocen ineficiencias en la arquitectura centralizada de "gob.mx", que ha sido criticada por convertirse en un punto de vulnerabilidad. La respuesta del gobierno continúa generando debate sobre la eficacia de la administración pública en comparación con el sector privado en la gestión de ciberseguridad.

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