Albuquerque, Nuevo México. - La gobernadora Michelle Lujan Grisham solicitó el miércoles una investigación penal contra la Administración para el Control de Drogas (DEA). Esto se debe a una investigación que reveló que agentes permitieron el tránsito de grandes envíos de fentanilo que contribuyeron a la crisis de salud pública en el estado.
Lujan Grisham indicó que el fiscal general del estado debe evaluar si las acciones de la DEA en Nuevo México entre 2023 y 2025 constituyeron una violación de la ley. La preocupación surge en un contexto donde el fentanilo es responsable de un aumento alarmante de muertes por sobredosis en el país, incluyendo un incremento del 21% en Nuevo México, a pesar de una reducción general del 14% a nivel nacional.
La gobernadora enfatizó que la DEA tenía conocimiento de las implicaciones mortales de permitir la circulación de estas pastillas. "No hay palabras para describir lo temerarias y peligrosas que fueron estas decisiones", declaró Lujan Grisham, subrayando que las vidas de los habitantes no son un costo aceptable por las decisiones de seguridad pública que ha tomado la agencia federal.
El debate se intensifica, ya que el exfiscal federal Alex Uballez comentó a la Associated Press que a veces se optaba por no incautar drogas para enfocarse en organizaciones más grandes, aunque el costo pueda ser vidas humanas. La DEA defendió su estrategia, argumentando que era legal y razonable considerando las circunstancias. Sin embargo, las críticas de varios grupos y del senador republicano Bernie Moreno han puesto la acción de la agencia bajo el microscope.
Ante las evidencias y el llamado de la gobernadora, David Howell, un denunciante de la DEA, se reunió con miembros del Congreso para pedir una investigación más profunda. Organizaciones de víctimas también han expresado su angustia, señalando la discrepancia entre las campañas de la DEA contra el fentanilo y su manejo en Nuevo México.
