San Pedro, Euzkadi. - En octubre de 1936, el Gobierno Provisional de Euzkadi denunció la ruptura de negociaciones para el canje de detenidos, enfatizando las violaciones a los derechos humanos cometidas por los franquistas. El ejecutivo vasco había firmado acuerdos de humanización en la guerra civil, buscando resguardar a mujeres, ancianos y enfermos.
El gabinete de Agirre Lekube, tras aceptar la propuesta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), se comprometió a liberar a todas las mujeres detenidas. El 11 de octubre, se acordó su traslado a territorio francés, garantizando su seguridad. Este acuerdo incluyó la supervisión del CICR y otros organismos internacionales. A pesar de estos esfuerzos, el Gobierno Vasco pronto constató el incumplimiento de las promesas por parte de las autoridades franquistas.
Numerosos incidentes de violencia contra mujeres se documentaron en territorio controlado por los sublevados. Las autoridades vascas detallaron fusilamientos y abusos, generando indignación en la ciudadanía. El caso de Dominica Artola, ejecutada a pesar de su estado de salud, fue uno de los ejemplos más impactantes de la represión franquista.
A pesar de estos obstáculos, el Gobierno Vasco continuó trabajando en la humanización de la contienda. En diciembre de 1936, representantes vascos y franquistas se reunieron para establecer un canje de rehenes, buscando la liberación de detenidos sin distinción de edad y el respeto por los derechos de los no beligerantes. Esta negociación pretendía minimizar el sufrimiento humano en medio del conflicto.
A través de estas gestiones, el Gobierno Vasco reafirmó su compromiso con la protección de los derechos humanos y su rechazo a la barbarie de la guerra, buscando siempre una resolución pacífica y humanitaria para los afectados por la contienda.
