Manizales, Caldas. - Un sacerdote condenado por rebelión y desplazamiento forzado ha negado haber ordenado la desaparición del profesor Augusto Molina Granada. Durante una audiencia, exmiembros del Frente 47 de las Farc proporcionaron detalles sobre crímenes cometidos entre 2002 y 2007, incluyendo homicidios y desapariciones forzadas.
Fermín Antonio Cano Cardona entre otros, testificaron sobre el asesinato del alcalde Rigoberto Castaño Tovar, indicando que fue atacado por negarse a colaborar con la guerrilla. El cura Pedro Pablo Reinoso Marín, involucrado en la guerrilla desde 2005, ha sido señalado de solicitar que el profesor abandonara Samaná. En su defensa, argumentó que tenía diferencias personales con la víctima.
Reinoso Marín también es implicado en la desaparición del profesor Pedro Julio Quiceno Morales. Afirmó que en el momento de la desaparición estaba en otra localidad, pero señaló que recibió información de que Quiceno fue retenido y murió en un enfrentamiento armado. La falta de colaboración continúa siendo un foco de atención en la investigación.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha sido solicitada por abogados de las víctimas para intensificar la búsqueda de personas desaparecidas. El magistrado Pedro Elías Díaz Romero activó el Mecanismo de Búsqueda Urgente para unir esfuerzos con la Fiscalía y la Registraduría Nacional sobre este caso y otros similares.
El caso resalta la violencia histórica en la región, donde las familias de las víctimas, como la de Gustavo Aristizábal Rendón, desplazadas por su asesinato, siguen esperando justicia. La construcción de medidas de reparación simbólica se considerará para honrar a los afectados por el conflicto armado en el país.
