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Aumento de cigarrillos ilegales en Nuevo León representa un riesgo

En Nuevo León, la venta de cigarrillos ilegales se ha incrementado, afectando la salud y la economía local.

La proliferación de cigarros pirata afecta la salud y la economía local.
El cigarro ilegal provocó una pérdida de 23 mil mdp en recaudación fiscal entre 2021 y 2025 / Foto: Especial

Monterrey, Nuevo León. - En las calles de Monterrey, la venta de cigarrillos piratas se ha vuelto común, con vendedores ambulantes e informales llevando productos traídos de países como India y Pakistán. Este mercado ilegal ya abarca el 25% del consumo nacional, impactando la salud pública y la economía local.

La Fiscalía General de la República ha confiscado más de 180 toneladas de tabaco ilegal en recientes operativos. Esta situación ha llevado a una caída del 11.5% en el consumo de cigarrillos legales entre 2021 y 2025, lo que representa una pérdida recaudatoria de 23 mil millones de pesos, según la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes.

En Nuevo León, la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco estima que hay 817 mil fumadores, de los cuales aproximadamente 204 mil consumen cigarros ilegales. A través de recorridos, se ha constatado que esta venta se lleva a cabo a plena luz del día en distintos puntos de la ciudad, con precios que varían entre 8 y 10 pesos por unidad.

Las autoridades sanitarias han actualizado su lista de marcas ilegales y advierten sobre los riesgos que estos productos representan para la salud. Consumidores y comerciantes establecidos han manifestado su preocupación por la competencia desleal y la falta de vigilancia por parte de las autoridades, quienes deberían intensificar sus inspecciones para frenar esta problemática.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Monterrey ha subrayado que la venta de productos ilegales no solo afecta la salud pública, sino que también perjudica a los comercios que cumplen con la ley. La falta de control crea incertidumbre sobre la calidad de estos cigarrillos, lo que plantea un grave riesgo para los consumidores.

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